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El acuerdo de Gobierno entre el Partido Popular (PP) y Vox para la región de Extremadura ha generado una gran controversia debido a las medidas que contempla y, sobre todo, por lo que invisibiliza: la violencia machista. Resulta preocupante que esta problemática, que afecta a tantas mujeres en nuestra sociedad, no haya sido tenida en cuenta en el pacto.

No es sorprendente que el PP haya cedido en este aspecto, ya que hasta hace poco tiempo la líder popular, María Guardiola, consideraba la lucha contra la violencia machista como una línea roja. Sin embargo, en el acuerdo de gobierno no se hace ninguna mención a esta problemática, lo cual es alarmante.

Además de este grave olvido, el documento detalla otras líneas de gobierno que son preocupantes desde una perspectiva progresista. Entre ellas, se encuentran las rebajas de impuestos, la defensa de la unidad de España, la promoción de la tauromaquia, la derogación de las leyes de Memoria Democrática y la posibilidad de introducir un veto parental en las aulas.

En el caso de Extremadura, el acuerdo contempla incluso una apuesta por la energía nuclear, una fuente de energía que presenta riesgos importantes para el medio ambiente y la salud de las personas. También se abre la puerta a la creación de una oficina antiokupación, lo cual puede generar conflictos sociales y violaciones de derechos fundamentales.

Es especialmente preocupante que la violencia machista no se recoja en el pacto de gobernabilidad. La propia candidata del PP, María Guardiola, ha admitido esta omisión durante la presentación del texto. Aunque se menciona la erradicación de los discursos machistas, tanto en el ámbito civil como religioso, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer, esta declaración resulta insuficiente.

Es necesario abordar de manera específica y contundente la violencia machista en todos sus ámbitos, y esto implica la adopción de medidas concretas y efectivas. No se puede dejar en manos de vagas declaraciones la protección de las mujeres y la lucha contra esta lacra social.

Por otro lado, es preocupante que el acuerdo de gobierno se centre en medidas como las rebajas de impuestos y la eliminación de algunos de ellos, sin tener en cuenta las necesidades de inversión en servicios públicos y políticas sociales. Es necesario un plan de inversiones ambicioso que permita mejorar la calidad de vida de todas las personas en la región de Extremadura.

En definitiva, el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox para Extremadura es preocupante por lo que invisibiliza, como es el caso de la violencia machista, y por las medidas regresivas que propone. Es fundamental que las fuerzas políticas se comprometan con la defensa de los derechos de las mujeres, la protección del medio ambiente, la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos y todas.

Este miércoles se celebra el Día del Orgullo LGTBI, una fecha importante para visibilizar y reivindicar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Sin embargo, resulta irónico que el Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, intente sumarse a esta celebración de forma simbólica. Mientras proyectan la bandera arcoíris en la entrada de su sede nacional, en algunos municipios y comunidades donde gobiernan en coalición con la ultraderecha, se han prohibido las banderas LGTBI en edificios oficiales. Esto demuestra la falta de coherencia del PP en su relación con Vox.

La relación entre el PP y Vox ha pasado por diferentes etapas a lo largo de los últimos años. Desde el desprecio inicial hacia el partido fundado por Alejo Vidal-Quadras, hasta la ruptura de relaciones impostada por Pablo Casado y los intentos de Feijóo por desligarse de su influencia. Sin embargo, los resultados de las elecciones locales y autonómicas han dejado en claro que, salvo en casos excepcionales, el PP necesita a Vox para mantener su poder territorial. Ya sea a través de un apoyo parlamentario o mediante un gobierno de coalición.

En tan solo un mes, el PP ha pasado por diferentes fases en su relación con Vox. Han pasado de negar su fuerza electoral y establecer "líneas rojas" en las negociaciones, a pactar la entrada de un extorero como vicepresidente en apenas 24 horas. Han utilizado la aritmética para rechazar la presión de Vox, pero finalmente han llegado a la conclusión de que necesitan más 'síes' que 'noes' en las diferentes investiduras. Todo esto, anteponiendo los "principios" y la aritmética a no poner en riesgo las opciones electorales de Feijóo en las próximas elecciones del 23 de julio.

Uno de los casos más destacados de esta relación entre el PP y Vox ha sido la Comunidad Valenciana. Después de que el portavoz del PP, Borja Sémper, estableciera como "línea roja" la presencia de un "malt, las negociaciones se aceleraron. Resulta preocupante que el PP esté dispuesto a ceder en sus principios y pactar con un partido que promueve la discriminación y el odio hacia las minorías.

Es importante recordar que los valores del progresismo, el feminismo, el ecologismo, el europeísmo reformista, el federalismo, el plurinacionalismo, el antineoliberalismo y la socialdemocracia son fundamentales para construir una sociedad más justa e igualitaria. Celebrar el Día del Orgullo LGTBI no puede ser solo un gesto simbólico, sino un compromiso real con la lucha por los derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

En este sentido, es necesario que los partidos políticos, como el PP, asuman un compromiso sincero con los derechos LGTBI y no utilicen esta celebración como una mera estrategia política. La bandera arcoíris debe ondear en todos los edificios oficiales, sin excepción, y las políticas públicas deben garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género.

El Día del Orgullo LGTBI es un recordatorio de que la diversidad es un valor que enriquece nuestra sociedad y que debemos luchar contra cualquier forma de discriminación y exclusión. Es el momento de que todos los partidos políticos, especialmente aquellos que se consideran progresistas, defiendan activamente los derechos LGTBI y trabajen para construir un país más inclusivo y respetuoso con la diversidad.

El reciente nombramiento de Llanos Massó como segunda autoridad de la Comunitat Valenciana ha desatado una gran controversia debido al papel que ha desempeñado el diputado más joven de Vox, Jose Muñoz Salvador, en la mesa de edad de la sesión de constitución de la cámara autonómica. Muñoz, que ha ejercido como secretario de la mesa de edad, ha llamado la atención por su vestimenta, en particular, la pulsera con los colores de la bandera rojigualda y la americana azul clara que llevaba. Este detalle no ha pasado desapercibido, especialmente después de que se descubriera que el diputado posee una clara afinidad con la ideología falangista y la figura de José Antonio Primo de Rivera.

Las redes sociales de Muñoz Salvador no dejan lugar a dudas respecto a sus inclinaciones políticas. En ellas, ha compartido múltiples citas de José Antonio Primo de Rivera y ha publicado varias fotos suyas en el Valle de los Caídos, el mausoleo franquista del que fue exhumado el cuerpo del fundador de Falange. Este hecho ha generado gran preocupación y ha llevado a muchas personas a preguntarse qué tipo de mensaje se está enviando con el nombramiento de Llanos Massó como segunda autoridad de la Comunitat Valenciana.

El Valle de los Caídos es un lugar de gran simbolismo para la extrema derecha española y la figura de José Antonio Primo de Rivera es vista por muchos como un icono del fascismo. La presencia de un diputado que defiende públicamente la figura del fundador de Falange y que ha participado en homenajes falangistas en el cementerio de Alicante es motivo de gran preocupación para muchos ciudadanos valencianos.

Además, la presencia de Muñoz Salvador en las Cortes Valencianas es especialmente preocupante debido a las políticas que defiende su partido. Vox ha sido criticado en numerosas ocasiones por sus posiciones extremistas en materia de derechos civiles y sociales. El partido es conocido por su oposición al feminismo, su negativa a reconocer los derechos de la comunidad LGTBI y su defensa de políticas migratorias restrictivas.

En este sentido, el nombramiento de Llanos Massó como segunda autoridad de la Comunitat Valenciana es especialmente preocupante, ya que el pacto entre Vox y el PP de Carlos Mazón ha permitido que un partido de extrema derecha tenga un papel relevante en la política valenciana. Esta situación es especialmente preocupante en un momento en el que la democracia y los derechos civiles están siendo cuestionados en todo el mundo.

Es necesario que la sociedad valenciana se movilice y exija a sus representantes políticos que defiendan los valores democráticos y los derechos humanos. La presencia de un diputado que defiende públicamente la figura de José Antonio Primo de Rivera es una afrenta a la memoria de las víctimas del franquismo y al legado de la democracia española.

Es necesario recordar que la historia de España está marcada por la lucha de muchas personas que han defendido la democracia y los derechos humanos. La memoria de estas personas debe ser respetada y protegida. La presencia de un diputado que defiende públicamente la figura de José Antonio Primo de Rivera es una afrenta a esta memoria y un peligro para la democracia.

Es por ello que es necesario que la sociedad valenciana se movilice y exija a sus representantes políticos que defiendan los valores democráticos y los derechos humanos. Es necesario que se ponga fin al pacto entre Vox y el PP de Carlos Mazón y que se trabaje por una política basada en el respeto a los derechos humanos y la promoción de la igualdad y la justicia social.

En definitiva, la presencia de un diputado que defiende públicamente la figura de José Antonio Primo de Rivera en las Cortes Valencianas es motivo de gran preocupación y debe ser denunciada por la sociedad valenciana. Es necesario que se trabaje por una política basada en el respeto a los derechos humanos y la promoción de la igualdad y la justicia social.

La alianza entre el Partido Popular y Vox está teniendo consecuencias preocupantes para el avance de los derechos de las mujeres en España. La negación de la violencia de género y la aceptación del discurso negacionista de la extrema derecha están poniendo en peligro los logros conseguidos en la lucha contra la violencia machista.

En lugar de hablar de violencia machista, Vox y el Partido Popular hablan de violencia intrafamiliar. Esta terminología diluye la importancia de la violencia de género y esconde la realidad de que la gran mayoría de víctimas son mujeres.

Es inaceptable que en pleno siglo XXI se esté intentando minimizar el problema de la violencia machista y se intente vestirlo bajo términos más ambiguos. El término "crimen pasional" es una muestra de ello, ya que intenta justificar la violencia contra las mujeres como si fuera un hecho aislado y justificado por las emociones.

La ley integral de 2004 supuso un gran avance en la lucha contra la violencia machista, pero aún queda mucho por hacer. La negación de la violencia de género por parte de partidos políticos como Vox pone en riesgo los derechos de las mujeres y perpetúa una cultura de la violencia que no puede ser tolerada.

Es alarmante que en pleno siglo XXI se estén cuestionando los derechos de las mujeres y se esté intentando dar marcha atrás en la lucha contra la violencia machista. La igualdad de género es un principio fundamental que debe ser defendido por todas las fuerzas políticas, y no puede ser utilizada como moneda de cambio en acuerdos políticos.

La violencia machista es un problema estructural que requiere ser abordado de manera integral y sistemática. La reducción de la violencia de género a un mero problema de violencia intrafamiliar es una estrategia peligrosa que oculta la realidad de la violencia sufrida por las mujeres.

Es necesario que las fuerzas políticas se comprometan con la lucha contra la violencia machista y trabajen de manera coordinada para erradicarla. Los acuerdos políticos no pueden poner en riesgo los derechos de las mujeres y es responsabilidad de todas las fuerzas políticas garantizar su protección y seguridad. La violencia machista no puede ser ignorada ni minimizada, y la lucha contra ella es una tarea que nos compete a todas y todos.